El Estado mantendrá su poder de decisión en Iberia hasta 2016

Los acuerdos de la fusión garantizan los derechos de voto de la entidad española

La 3 Comentarios ha llegado en un momento turbulento para la antigua aerolínea de bandera española, inmersa en un intenso plan de reestructuración (que ha supuesto la destrucción de 3.147 empleos) y de recorte de rutas y capacidad operativa. La progresiva alteración del equilibrio de fuerzas, la ruptura de la promesa de «relación entre iguales» con la que nació IAG en 2011, resultaba evidente. Tanto que ni siquiera el consejero delegado de la sociedad, Willie Walsh, lo ocultaba. «Iberia y British Airways (BA) estaban obligadas a avanzar a distinto ritmo»

Este hecho despertó una fuerte inquietud en el Gobierno, que a toda costa -como insistía la ministra de Fomento, Ana Pastor- se había marcado como prioridad garantizar la «españolidad» de Iberia. Y, para ello, trataba de utilizar como correa de transmisión la participación de la nacionalizada Bankia. ¿Qué cambiará la venta de esta? En realidad, nada (de momento). El Ejecutivo podrá mantener los derechos políticos asociados de la participación de la nacionalizada Bankia en Iberia (12,09%), al menos, durante tres años más, en virtud de los acuerdos de fusión, rubricados en octubre de 2010.

En el texto del documento de salvaguarda consultado por este periódico se establece que «los derechos de tráfico y permisos de vuelo otorgados por las respectivas autoridades de Aviación Civil exigen que la propiedad mayoritaria y el control de British Airways e Iberia se mantenga de forma efectiva en manos de accionistas británicos (en el caso de British Airways) o de accionistas españoles (en el caso de Iberia)». Con este fin se constituyó la sociedad Garanair, titular del 50,1% de los derechos políticos de Iberia Holding (la que, en esencia, representa a la aerolínea española). Mientras tanto, IAG, que ayer rechazó realizar declaraciones y remitió a la entidad española para conocer las consecuencias de la venta, controla un 43,1% de esta compañía.

Esta denominada «sociedad de nacionalidad española», que tiene derecho de voto, se debe componer obligatoriamente de inversores españoles, como queda reflejado en dichos acuerdo. Actualmente, la integran Bankia con un 87% del capital, como consecuencia de la participación procedente de la extinta Caja Madrid, y El Corte Inglés, que dispone del 13% restante de los títulos.

Sociedad autónoma

Por tanto, Garanair es una entidad que de manera autónoma, al margen de los derechos económicos, puede ejercer oposición sobre las decisiones que adopte IAG y que se puedan interpretar como una vulneración de los intereses nacionales de la aerolínea presidida por Antonio Vázquez.

Otro tema de debate es si dichas sociedades han cumplido con el cometido que se les había asignado y si, llegado el momento, el Ejecutivo podría usar su participación en Bankia para intervenir en la gestión de una sociedad privada. Precisamente, los sindicatos criticaron rotundamente a los inversores españoles por no haber utilizado este recurso para paralizar la reestructuración de Iberia, que contrasta con el plan de crecimiento de la parte británica.

Lo que es seguro es que a partir del mes de enero de 2016 el escenario podría ser completamente distinto. Uno de los epígrafes señala que «las estructuras de nacionalidad tendrán que mantenerse al menos durante los cinco años posteriores a la consumación de la fusión». Aunque los acuerdos se firmaron en 2010, la fusión no se hizo efectiva hasta enero de 2011 y, además, estos no establecían la obligatoreidad de mantener estas estructuras posteriormente, con la única condición de que tanto la sociedad nacional británica como la española se supriman al mismo tiempo. «Transcurrido dicho plazo inicial de cinco años, IAG tendrá derecho a eliminar las estructuras de nacionalidad (siempre y cuando las estructuras de nacionalidad se eliminen simultáneamente)