Diez claves de la ley de emprendedores

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización en el que se recogen medidas como liberar a los emprendedores de responder con su vivienda por sus deudas empresariales. A continuación presentamos los puntos claves de la nueva norma:

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización en el que se recogen medidas como liberar a los emprendedores de responder con su vivienda por sus deudas empresariales. A continuación presentamos los puntos claves de la nueva norma:

Los emprendedores no tendrán que responder con su vivienda habitual -con un límite de 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial. Así, se constituye la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada" que diferencia la actividad empresarial de la responsabilidad personal ya que actualmente los empresarios deben responder ilimitadamente con todos sus bienes por las deudas empresariales.

La ley también incluye un mecanismo para favorecer la "segunda oportunidad" que permitirá a las empresas con un balance inferior a los 5 millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores. Este mecanismo -que obligará a cambiar la ley concursal- permitirá a los empresarios obtener una quita en la deuda de hasta el 25 % y una moratoria de pago de hasta tres años, en línea con los requisitos para los aplazamientos exigidos por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Se crea la figura de la "sociedad limitada de formación sucesiva" que permitirá crear una sociedad limitada con una aportación inicial inferior a los 3.000 euros que se exigen actualmente y se establece que el 20 % de los beneficios deben ir a reservas legales.

Se facilitará y agilizará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros, frente a los 160.000 euros anunciados inicialmente. También se otorgará el permiso de residencia a los foráneos que compren deuda pública por importe superior a dos millones de euros.

También prevé la residencia para los extranjeros que inviertan en proyectos empresariales que creen puestos de trabajo o que tengan un impacto relevante desde el punto de vista socioeconómico o de la innovación científica y tecnológica. Además, se dará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión significativa o un proyecto de empresarial de interés general.

Entre las medidas fiscales contempladas está el nuevo régimen de IVA con criterio de caja desde el 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a los 2 millones de euros, con lo que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas. El sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha) cree que esto permitirá a estas pymes disponer de cerca de 1.500 millones de euros anuales hasta que no cobren la factura y que antes debían adelantar sin haberla ingresado. Este régimen especial de IVA beneficiará a 2,3 millones de pymes y autónomos, según la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Para evitar incentivos al retraso de obligaciones de pago, se retardará también la deducción del IVA soportado en adquisiciones hasta el momento en que se efectúe el pago.

También habrá incentivos fiscales para los inversores, que tendrán derecho a una deducción del 20 % en la cuota estatal del IRPF por el capital aportado a una empresa de nueva o reciente creación con un máximo de 20.000 euros anuales.

Además, estarán exentos de tributar por las ganancias patrimoniales que obtengan con esta inversión si las invierten en otro proyecto diferente.

Habrá una deducción del 10% del Impuesto de Sociedades por reinversión de beneficios a empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones. Esta medida beneficiará a unas 200.000 personas físicas y 185.000 pequeñas empresas.

Se amplía la deducción por actividades de investigación y desarrollo a todas las empresas y se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina límite máximo.

Asimismo, se han incrementado los umbrales para acceder a la licitación de los contratos de obra pública y de servicios, al pasar los primeros de 350.000 a 500.000 euros y de 120.000 a 200.000 euros los segundos.

Para reducir las cargas administrativas, el Gobierno se compromete a revisar el clima de negocios de forma permanente y desarrolla una nueva cláusula bajo el nombre 'one in one out', por que la que no se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra. Además, incluye una serie de medidas como la reducción de cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la Inspección, entre otras cosas.

Los emprendedores no tendrán que responder con su vivienda habitual -con un límite de 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial. Así, se constituye la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada" que diferencia la actividad empresarial de la responsabilidad personal ya que actualmente los empresarios deben responder ilimitadamente con todos sus bienes por las deudas empresariales.

La ley también incluye un mecanismo para favorecer la "segunda oportunidad" que permitirá a las empresas con un balance inferior a los 5 millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores. Este mecanismo -que obligará a cambiar la ley concursal- permitirá a los empresarios obtener una quita en la deuda de hasta el 25 % y una moratoria de pago de hasta tres años, en línea con los requisitos para los aplazamientos exigidos por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Se crea la figura de la "sociedad limitada de formación sucesiva" que permitirá crear una sociedad limitada con una aportación inicial inferior a los 3.000 euros que se exigen actualmente y se establece que el 20 % de los beneficios deben ir a reservas legales.

Se facilitará y agilizará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros, frente a los 160.000 euros anunciados inicialmente. También se otorgará el permiso de residencia a los foráneos que compren deuda pública por importe superior a dos millones de euros.

También prevé la residencia para los extranjeros que inviertan en proyectos empresariales que creen puestos de trabajo o que tengan un impacto relevante desde el punto de vista socioeconómico o de la innovación científica y tecnológica. Además, se dará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión significativa o un proyecto de empresarial de interés general.

Entre las medidas fiscales contempladas está el nuevo régimen de IVA con criterio de caja desde el 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a los 2 millones de euros, con lo que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas. El sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha) cree que esto permitirá a estas pymes disponer de cerca de 1.500 millones de euros anuales hasta que no cobren la factura y que antes debían adelantar sin haberla ingresado. Este régimen especial de IVA beneficiará a 2,3 millones de pymes y autónomos, según la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Para evitar incentivos al retraso de obligaciones de pago, se retardará también la deducción del IVA soportado en adquisiciones hasta el momento en que se efectúe el pago.

También habrá incentivos fiscales para los inversores, que tendrán derecho a una deducción del 20 % en la cuota estatal del IRPF por el capital aportado a una empresa de nueva o reciente creación con un máximo de 20.000 euros anuales.

Además, estarán exentos de tributar por las ganancias patrimoniales que obtengan con esta inversión si las invierten en otro proyecto diferente.

Habrá una deducción del 10% del Impuesto de Sociedades por reinversión de beneficios a empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones. Esta medida beneficiará a unas 200.000 personas físicas y 185.000 pequeñas empresas.

Se amplía la deducción por actividades de investigación y desarrollo a todas las empresas y se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina límite máximo.

Asimismo, se han incrementado los umbrales para acceder a la licitación de los contratos de obra pública y de servicios, al pasar los primeros de 350.000 a 500.000 euros y de 120.000 a 200.000 euros los segundos.

Para reducir las cargas administrativas, el Gobierno se compromete a revisar el clima de negocios de forma permanente y desarrolla una nueva cláusula bajo el nombre 'one in one out', por que la que no se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra. Además, incluye una serie de medidas como la reducción de cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la Inspección, entre otras cosas.