La ingeniería fiscal de las multinacionales entra en el Congreso

Las estratagemas legales que utilizan las grandes empresas para pagar menos impuestos se han colado en la agenda del Congreso de los Diputados, que debatirá mañana un plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales. La iniciativa, registrada por el grupo socialista a finales de año pasado, ha sido rescatada al calor de los últimos debates a ambos lados del Atlántico.

A la comparecencia del consejero delegado de Apple, Tim Cook la semana pasada en el Senado de EE UU para explicar sus prácticas fiscales intragrupo, se sumaron los acuerdos de la última cumbre europea. Los 27 gobiernos de la UE se comprometieron a acelerar la tramitación de los proyectos de directivas que buscan atajar la “planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios” por parte de las multinacionales a las jurisdicciones de la UE más benevolentes.

En la misma línea discurre la proposición no de ley que se debatirá mañana en el Congreso, que incide en que el Gobierno “debería calcular la brecha fiscal que mide la diferencia entre lo que pagan los contribuyentes y lo que deberían pagar de acuerdo a la ley, y qué parte de dicha brecha corresponde a las prácticas agresivas de las multinacionales”.

La necesidad de ingresos por parte de los Estados ha provocado un resucitado interés por ajustar estás prácticas de las empresas. En España la recaudación por el impuesto de sociedades ha caído un 60% desde el año 2007. Para mejorar su factura fiscal, las multinacionales con presencia en varios Estados europeos, como Apple, Google o Microsoft, explotan los resquicios legales mediante complejas estructuras societarias y engranajes de filiales en países con regímenes fiscales más favorables donde trasladar sus beneficios. En Irlanda, por ejemplo, el tipo del impuesto de sociedades es del 12,5%, mientras que España mantiene un 30%.

Cláusulas anti-abuso

La armonización de la base imponible del impuesto de sociedades en todo el territorio de la UE es una vieja aspiración de Bruselas que ha vuelto ahora a tomar impulso. Las propuestas del grupo socialista incluyen además la introducción de cláusulas anti-abuso en la legislación española para penalizar la planificación fiscal agresiva.

En línea también con la Comisión Europea, se reclama la obligación para las empresas de publicar información contable individualizada por cada país donde tenga presencia, con el objetivo de supervisar así el cumplimiento de los precios de transferencia (en operaciones entre la matriz y la filiales).

El acuerdo alcanzado por los 27 Gobiernos de la Unión en la cumbre celebrada en Bruselas hace un llamamiento para acelerar la tramitación de las directivas destinadas a armonizar la fiscalidad del ahorro, atajar el fraude en el IVA y evitar que las multinacionales realicen una “planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios” a las jurisdicciones de la UE más benevolentes. “Simplemente es injusto que las compañías más grandes y exitosas no paguen apenas impuestos, a pesar de que se benefician enormemente de la inversión del Estado en infraestructura, educación y formación”, señaló el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en un duro discurso al comienzo de la cumbre.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reafirmó su compromiso de presentar antes de fin de año una revisión de la directiva sobre matrices y filiales, que intentará frenar el trasvase ficticio de beneficios dentro de una multinacional.

Los datos que maneja la Comisión indican que como consecuencia de la evasión y la elusión fiscal, las arcas públicas dejan de recaudar un billón de euros al año. Solo en España se pierden unos 72.000 millones de euros al año, cifra equivalente a casi el 7% del PIB nacional.

“El compromiso de España en la lucha contra el fraude es total”, señaló Mariano Rajoy al término de la cumbre. El presidente el Gobierno mostró su total apoyo a las nuevas iniciativas de la UE para reducir la factura del fraude. Y aseguró que “se lo van a hacer más difícil a los evasores”.

Entre los compromisos alcanzados destaca el de llegar a un “intercambio de información automático y universal” entre las haciendas públicas. El acuerdo se materializará el próximo mes de junio, cuando la Comisión Europea apruebe un nuevo proyecto de directiva sobre cooperación administrativa. Y una vez en vigor, el texto afectará a todo tipo de renta o contribuyente.

El Consejo Europeo también alcanzó un principio de acuerdo para cerrar antes de final de año la nueva directiva sobre fiscalidad del ahorro, que impondrá el intercambio automático de información sobre los rendimientos del capital, no solo de las personas físicas (como hasta ahora), sino también jurídicas.

La nueva directiva completa la aprobada en 2003, que dejó sin cubrir algunos instrumentos financieros como los seguros de vida, los fondos o los sicavs. Ahora como entonces, Luxemburgo, cuyo sector financiero equivale al 2.200% del PIB del país, sigue siendo el principal obstáculo para la aprobación definitiva. Su primer ministro, Jean-Claude Juncker, no cedió ayer del todo y logró que la aprobación definitiva de la nueva ley dependa en parte de un acuerdo similar con cinco centros financieros ajenos a la UE: Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino.

Esta vez, sin embargo, la resistencia de Luxemburgo parece menos numantina, como consecuencia de la impaciencia de sus socios europeos y de la presión internacional, en particular de Estados Unidos, para atajar la fuga de capitales y la evasión de impuestos.

Luxemburgo, de hecho, ya ha comenzado a ceder. Y su primer ministro, Jean-Claude Juncker, confirmó ayer que su país aplicará desde el 1 de enero de 2015 la directiva actual sobre fiscalidad del ahorro, lo que supone el fin definitivo del secreto bancario sobre los depósitos de no residentes. Austria, el otro país que todavía no comparte datos bancarios de manera automática, también parece resignado a hacerlo.