Corte Europea de Derechos Humanos El Tribunal de Estrasburgo tumba la 'doctrina Parot'

 

La Gran Sala del TEDH confirma la condena a España

Ordena la excarcelación inmediata de la etarra Inés del Río

La sentencia es firme y no cabe ningún recurso contra ella

La decisión podría beneficiar a decenas de presos con graves delitos

Fija que no se puede aplicar la doctrina por hechos anteriores a 1995

El representante español en la Cámara apoya la condena a España

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado el recurso de España contra la condena que se le impuso por aplicar la conocida como doctrina Parot a la etarra Inés del Río . Esta sentencia, que puede suponer el fin de la citada doctrina Parot, abre la puerta a que otros presos con graves delitos a sus espaldas se acojan a ella.

El fallo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, pide -con 16 votos contra 1-, la excarcelación de la miembro de ETA, y considera -por unanimidad- que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y -por 15 votos contra 2- el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las claves de la sentencia

Declara por 15 votos contra 2 que ha habido una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Declara, por unanimidad, que desde el 03 de julio 2008 la detención de la demandante (Inés del Río) no ha sido "legal", en violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sostiene , por 16 votos contra 1, que el Estado demandado debe asegurarse de que el solicitante sea liberado a la mayor brevedad posible

Sostiene por 10 votos contra 7 que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los tres próximos meses, 30.000 euros más cualquier impuesto que se le deba añadir.

Declara , por unanimidad, que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los próximos tres meses, 1.500 euros más cualquier impuesto que pueda ser debido a la demandante, en concepto de costas y gastos

Declara , por unanimidad, que si expira el plazo de tres meses a, los importes indicados en los apartados 4 y 5 se les abonará un interés similar a la tasa marginal de crédito del Banco Central, incrementado en tres puntos porcentuales

Inés del Río y otros 60 etarras con múltiples delitos de sangre saldrán a la calle en breve tras haber cumplido apenas un año de cárcel por cada asesinato cometido, si el gobierno de Mariano Rajoy acata la sentencia del TEDH, que ha desestimado el recurso presentado en marzo por el Estado español en defensa de la 'doctrina Parot'.

La sentencia ha establecido que la doctrina Parot, con la que se ha alargado la permanencia en prisión de decenas de etarras y otros condenados, no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995. El tribunal con sede en Estrasburgo considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la Ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.

El ex secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, representante español en la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha votado a favor de condenar a España y de imponer el pago de una indemnización de 30.000 euros a la etarra, por los daños morales sufridos.

El magistrado, que ha repetido como representante de España en las deliberaciones llevadas a cabo y que ya suscribió la primera condena, en julio de 2012, no ha avalado ninguno de los tres votos particulares disidentes firmados por siete de los jueces integrantes del tribunal, los representantes de Liechtenstein, Austria, Irlanda, Bélgica, Moldavia, Reino Unido y Bosnia Herzegovina.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos ellos con varias resoluciones pendientes de dictar que podrían verse afectadas por la sentencia del TEDH han expresado cautela en espera de conocer la letra pequeña de la resolución, que en todo caso deberá ser estudiada caso por caso y no tendrá una aplicación automática.

En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.

La Audiencia Nacional ha convocado un pleno extraordinario este martes a las 09.15 horas para tratar la sentencia de Estrasburgo. El pleno lo ha convocado el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, tras la petición de algunos magistrados.

Con este fallo, la Gran Sala del Alto Tribunal confirma el veredicto emitido por su sala tercera en julio 2012, que ordenaba poner en libertad a la demandante Inés del Río Prada, terrorista vasca condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, y da la puntilla definitiva a la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para que los delincuentes condenados por delitos graves pasen el tiempo máximo legal de estancia en prisión, que en el caso de Inés del Río eran 30 años.

Dicha jurisprudencia obligaba a descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo. Sin embargo, el TEDH considera que vulnera el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos al Derecho a la Libertad y a la seguridad y que infringe el artículo 7 referido a que no puede haber condenada si no existe ley previa.

"La justicia criminal es competencia de cada país miembro", habían sentenciado anteriormente los jueces de Estrasburgo en los sumarios de Kafkaris contra Chipre o de Hogben contra el Reino Unido. Y a esa aplicación de la propia jurisprudencia se aferraban los abogados del Estado español y los dirigentes de las principales asociaciones de víctimas, presentes todos este lunes en el Palais des Droits Humains cuando el presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, leyó durante 15 minutos la sentencia.

La mueca de decepción fue haciéndose cada vez más notable en el rostro del embajador español en el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález San Martín, único representante de la parte demandante en el tribunal, en ausencia de los abogados del Estado y de los líderes de las asociaciones de víctimas, que sí acudieron en cambio a la audiencia de marzo. A Estrasburgo vino el Estado español buscando sentido común y Justicia pero lo que recibió fue una retahíla de tecnicismos y jurisprudencias con las que la corte dio la razón a los caros abogados británicos contratados por Sortu para representar los intereses de Del Río.

Agitando la bandera de la protección contra la arbitrariedad y bien apoyados por los colectivos abertzales que vienen haciendo una ingente labor de lobby en diferentes organismos de Estrasburgo, los abogados de la etarra lograron hace siete meses convencer al TEDH, provocando de este modo una previsible avalancha de excarcelaciones que afecta a 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno de los cuales está condenado por 74 violaciones).

"¿Es igual un asesinato que 132?", les había inquirido el letrado español Isaac Salama en marzo cuando cada parte expuso sus razones. En el texto de la sentencia, el Alto Tribunal -del cual sólo dos miembros acudieron a la lectura del fallo- no responde a esa pregunta, sino que avala la tesis de su sala tercera argumentando que "con Inés del Río se había producido una aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de la nueva interpretación jurídica del cálculo de las redenciones de condena".

Libertad 'lo antes posible'

En apelación, el TEDH ha confirmado igualmente por 16 votos contra 1 la orden la puesta en libertad de Del Río "en el plazo más breve posible" a la sanguinaria integrante del comando Madrid y la indemnización de 30.000 euros que el Estado español deberá pagar a la demandante por daños morales, así como los 1.500 que tendrá que abonar por gastos y costas. A estas sumas habrá que sumar los intereses generados desde 2012.

El fallo de la Gran Sala es definitivo y no se puede recurrir ante ninguna instancia superior, por lo que al ejecutivo de Rajoy tan sólo le queda ahora el recurso a lo que el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llamaba hace unos días "ingeniería jurídica", para retrasar la salida de los etarras de la cárcel por medios legales y de procedimiento judicial.

La derogación de la doctrina Parot, representa, además, una victoria moral para la banda terrorista responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados, precisamente cuando este domingo se cumplió el segundo aniversario de la tregua unilateral decretada por ETA y que tan pocos avances ha supuesto por el momento para el proceso de paz en el País Vasco.

Esta doctrina nos ha sido "muy útil para luchar contra ETA", recordaba hace unos días Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso de los Diputados cuando el diputado del PNV Aitor Esteban le preguntó si el ejecutivo acataría la decisión del Tribunal Europeo en caso de que fuera contraria a los intereses de España. Como dijo entonces el presidente del Gobierno, la doctrina Parot tiene el aval del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y habrán de ser ellos quienes interpreten el fallo de Estrasburgo.

En ese sentido, el Constitucional lleva al parecer varios meses estudiando posibles respuestas legales a un veredicto negativo y la Sala de lo Penal del Supremo tiene previsto en su pleno del próximo viernes revisar concienzudamente la sentencia, cuyo resultado va celebrar los colectivos vascos esta misma tarde con manifestaciones callejeras en las principales ciudades de Euskadi y Navarra.

¿Qué es la 'Doctrina Parot'?

La doctrina Parot fue introducida en 2006 por el Tribunal Supremo y establece que las redenciones de pena deben aplicarse sobre el total de las condenas impuestas y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años. De este modo se evitó que numerosos etarras o delincuentes graves quedasen en libertad mucho antes de agotar su condena.

Las víctimas ven en el fallo de Estrasburgo el 'coste del mal llamado proceso de paz de Zapatero'

 

María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han pedido a los jueces "altura de miras" en la aplicación de la sentencia de Estrasburgo que ha tumbado la doctrina Parot y no han dudado en responsabilizar al Ejecutivo de Zapatero del fallo dictado hoy por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En palabras de Blanco, la sentencia dada a conocer hoy es "un coste más de aquel mal llamado proceso de paz". Y ha recordado que fue Zapatero quien nombró representante para ese tribunal al magistrado Luis López Guerra, quien fue secretario de Estado de Justicia en su Gobierno entre 2004 y 2007 y que ha votado a favor de condenar a España por aplicar la doctrina Parot.

"López Guerra fue una de las piezas colocadas por Zapatero para comenzar su juego de negociación con ETA. Dentro de esa hoja de ruta estaba la derogación de la doctrina Parot. Este magistrado ha jugado muy bien sus cartas y lo sucedido hoy es un coste más de aquel llamado proceso de paz con ETA".

Hoy, Blanco y Pedraza se han reunido en la sede del Ministerio del Interior con el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, y con su homólogo de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Ambas les han pedido que "quiten de ese puesto" a López Guerra, aunque los ministros les han dicho que no podían hacerlo, porque le queda año y medio en el cargo.

"Espero que tanto López Guerra como los que han colaborado en esto no puedan dormir tranquilos. Han hcho tanto daño que no lo podrán pagar en su vida", ha dicho Pedraza.

En este punto, han celebrado que la sentencia no sea "generalizada" y cada preso que quiera acogerse a ella deba presentar su recurso uno a uno. Así, han pedido "altura de miras" a la Audiencia Nacional para evitar una salida masiva de presos. "No podemos ver un autobús de salida de presos", ha dejado claro la presidenta de la AVT.

Blanco, que ha calificado la decisión de Estrasburgo de "disparate político, jurídico, ético y moral", ha reconocido que es un día "muy complicado" para las víctimas, a quienes sólo queda la esperanza de la justicia después de "enterrar" a sus familiares.

Prisión permanente revisable

Mientras, la presidenta de la AVT ha trasladado a los ministros su petición de que el Gobierno no acate la sentencia, pero los miembros del Ejecutivo le han transmitido que los pasos a seguir están ahora en manos de la Audiencia Nacional. Lo que sí depende del Gobierno es la "agilización" de la implantación de la prisión permanente revisable, algo que Gallardón ha asegurado que se hará.

Según han reconocido, en el encuentro no han abordado la posibilidad de "ingeniería jurídica", como Fernández Díaz llamó a los mecanismos para dilatar su aplicación, pero sí han insistido en que, dentro del marco legal existente, se evite una salida masiva de presos.

Además, el Gobierno les ha asegurado que ya existen órdenes para actuar contra cualquier caso de enaltecimiento del terrorismo que pudiera darse, aunque han advertido que estarán "vigilantes" para que todas estas acciones sean prohibidas y recurridas.