Detenida la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell (ERC), por presuntas subvenciones irregulares

 

Solo tres días después de ser investida alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), fue detenida este miércoles por la Policía Nacional en el curso de una investigación sobre presuntas subvenciones irregulares y contratos municipales fraccionados desde 2017 a 2023. Es una investigación que se lleva a cabo desde hace más de un año, cuando algunos funcionarios del Ayuntamiento, que ya entonces estaba presidido por Carbonell (es alcaldesa desde 2019), denunciaron las irregularidades. Además, la intervención había alertado de que algunas prácticas de contratación podían estar vulnerando las normas legales. En la operación, que salpica a más de una docena de peonas, han sido detenidas 8 personas, entre ellas el concejal de ERC concejal Jaume Monasterio, el secretario del Ayuntamiento, Òscar Buxeres, una técnica de playas, el jefe del área de Territorio y el directivo de las entidades sociales Juan Carlos Nicolás, su esposa y dos de sus hijos. Se registraron varias dependencias municipales, entre ellas un edificio municipal en las afueras de Sitges y el departamento de Informática municipal, así como la sede de las entidades.

 

La operación que dio con la alcaldesa de Sitges en los calabozos es parecida a la que salpicó a la expresidenta del Parlament y actual presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs. Difieren solo algunos detalles: en Sitges hay un componente de otorgamiento de subvenciones que en el caso de Borràs no existía. En la localidad costera, se investigan las ayudas de 45.000 euros anuales que se iban a la entidad Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges-Garraf. Pero se parecen mucho en otro componente del caso: el fraccionamiento de contratos. En el caso de Borràs, fraccionó más de 330.000 euros en contratos menores que fueron a parar a las cuentas de un amigo. En el caso de Sitges, hay una cantidad indeterminada, pero que puede estar en torno a los 350.000 euros que han ido a parar a la Taula mencionada y a una cooperativa vinculada. Se trataría de contratos relacionados con la gestión de las playas y con servicios sociales, según ha podido conocer El Confidencial.

Según publica:.elconfidencial.com