La Ley Habilitante solicitada por Maduro supera el primer tramo

El diputado 99, Carlos Flores, apareció en la Asamblea Nacional para darle con su voto al presidente Nicolás Maduro la oportunidad de legislar durante un año a partir de la próxima semana. Todo ocurrió como se anticipaba. El chavismo ha podido salvar con éxito la primera discusión del proyecto de Ley Habilitante con la inestimable contribución de Flores, suplente de la parlamentaria disidente María Mercedes Aranguren, despojada el martes de su inmunidad por supuestos actos de corrupción.

La atención estaba concentrada en este hombre moreno y fornido tras la decisión de contar voto a voto el respaldo y el rechazo a la propuesta. Cuando el secretario mencionó a Flores toda la bancada opositora se volteó hacia su asiento para echarle en cara su traición. El oficialismo, entre tanto, lo aplaudía. La transmisión de la televisión no permitió apreciar lo que dijo antes de apoyar la propuesta, pero nadie tuvo dudas cuando el secretario dijo: “El diputado ha dicho que sí”.

De esta forma el chavismo ha hecho los deberes para entregarle a Maduro las facultades para legislar que viene solicitando desde septiembre con el aparente propósito de iniciar una cruzada ética contra la malversación de fondos públicos. “El socialismo jamás podrá afianzarse con la corrupción. He venido a pedir poderes habilitantes para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política”, aseguró el jefe del Estado cuando el pasado 8 de octubre oficializó su solicitud para legislar. Pero la crisis económica ha impuesto sus urgencias y ahora el objetivo principal es otro. Con la primera discusión de la Ley Habilitante, comenzó la cuenta atrás para imponer por decreto presidencial la regulación de todos los bienes y servicios que circulan en Venezuela.

La primera ley que el Ejecutivo aprobaría será un proyecto que, según Maduro, establecerá precios, costes y ganancias máximas en bienes y servicios. Aunque ya existe en Venezuela una Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno pretende ir hasta donde nunca había ido al establecer límites al porcentaje que les queda a los comerciantes.

La norma establecerá un régimen comercial de precios y ganancias más controlado por el Estado

Esta ley ignora adrede cómo funciona el modelo económico bolivariano. Para que los empresarios traigan mercancía al país —Venezuela importa el 96% de lo que consume—, el Gobierno les asigna dólares subsidiados con la esperanza de que obtengan un margen razonable de ganancia. Pero la imposibilidad de liquidar a tiempo las peticiones obliga al importador a acudir al mercado negro para reabastecerse. El coste de reposición se calcula con el precio del mercado negro, que esta semana multiplicaba hasta por 10 el valor de la divisa controlada.

Esos desequilibrios se han reflejado en el rápido deterioro del salario. Es cierto que la falta de información sobre la cotización de la moneda estadounidense en un mercado distinto al oficial —el mercado paralelo está prohibido por ley— también ha fomentado la especulación. Pero el Gobierno se niega a reconocer lo que la mayoría de los economistas señala: que el origen del desequilibrio está en su política económica. Cada mes el informe del Banco Central de Venezuela muestra grietas más evidentes. En octubre la inflación fue del 5%, y en los últimos 12 meses del 45,8%, mientras que la escasez subió al 22%.

A través de la Ley Habilitante Maduro pretende ignorar esas advertencias y aumentar el ya engorroso proceso para obtener dólares preferenciales. La ley es quizá la última arma del Gobierno para acabar con lo que ha llamado guerra económica. “Le vamos a ver el hueso a esta burguesía parasitaria”, dijo Maduro el miércoles con la esperanza de que ese plan contenga la poderosa riada del mercado.