Sepla-Iberia reivindica el anexo 10 y presenta recurso ante el Supremo

Los pilotos de Iberia creen que la compañía debería tomárselo con calma antes de cantar victoria después de que  la Audiencia Nacional haya dicho en su última sentencia que el Anexo 10 del convenio colectivo está derogado. El sindicato Sepla ha iniciado ya el proceso para presentar recurso contra el fallo que ha validado los 3.141 despidos en la aerolínea, según ha sabido preferente.com. La presentación es inminente.



Los representantes de los tripulantes técnicos de la socia española de IAG recuerdan que la Comisión de Resolución de Conflictos del laudo decretó en junio la validez del citado anexo, a excepción de la parte que impide a Iberia Operadora segregar su actividad y crear nuevas filiales, como la low cost Iberia Express. Este apartado del convenio colectivo de los pilotos es el que limita la entrada de British Airways en el aeropuerto de Madrid Barajas y, en especial, en la terminal 4.



El Anexo 10 otorga a Iberia el máximo de la producción del grupo en la T4 de Barajas y vincula cualquier crecimiento de British a que Iberia crezca también. Más que un blindaje de los pilotos, es un blindaje de la terminal madrileña para la parte española del consorcio.



Luis Gallego, consejero delegado de Iberia, ha regresado esta semana a Londres, sede del grupo IAG, donde ya estuvo justo antes de plantear en la mesa de negociación con los pilotos la intención de suprimir o modificar la redacción del anexo en discordia, que motivó la ruptura de las conversaciones con el Sepla.



Diversos medios han hablado ya de las celebraciones en IAG y la vía libre que el tribunal ha dado a la dirección de Iberia para actuar, pero en la sede del sindicato español de pilotos consideran relevante que la mención al Anexo 10 en la sentencia de la AN figura en el apartado de “considerandos” y no era el motivo del juicio.



Además, los pilotos se preguntan por qué motivo desea Iberia eliminar o cambiar el Anexo 10 si es cierto que, tal y como dicen los magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia,  ya está derogado. Jaime Montalvo, autor del laudo encargado por el Gobierno, sostiene lo contrario.

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