Facua califica de "ridícula" la sanción máxima prevista a Ryanair
Facua-Consumidores en Acción
critica que la multa a Ryanair contemplada por Fomento tras haber cancelado
2.000 vuelos hasta finales de octubre es "ínfima en comparación con el
alcance del daño y el número de afectados, que sólo en España rondarían los
98.000".
La asociación se refiere a las
declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la pasada semana en
las que anunció la apertura de un expediente contra la compañía irlandesa que
podría cerrarse con una sanción de hasta 4,5 millones de euros en función de la
valoración de las infracciones que haga la Agencia Española de Seguridad Aérea
(Aesa).
Esta cifra se encuentra recogida
en la Ley 21/2003, de 7 de julio, que establece una horquilla en las sanciones
para las infracciones "muy graves" que va desde los 25.001 euros y
los 4,5 millones. "Si se tiene en cuenta que Ryanair ha cancelado 520
vuelos con origen o destino en España", afirma Facua, "la multa sería
el equivalente a unos 46 euros por pasajero afectado".
Facua asegura que "el
Gobierno debería plantearse si existe la posibilidad de considerar cada vuelo
cancelado como una infracción e imponer, en tal caso, tantas multas como vuelos
con origen o destino en España que hubieran sido cancelados". "La
sanción a Ryanair", zanja la asociación, "no puede ser la misma, con
independencia de si cancela 50 vuelos o 500".
Una multa que, según añade, no
modifica en absoluto la obligación que tiene la compañía de devolver el precio
íntegro de los billetes de los vuelos cancelados, así como la de abonar las
compensaciones recogidas en el Reglamento Europeo CE 261/2004 para vuelos
cancelados con menos de dos semanas de antelación y que establecen, en función
de la distancia de trayecto, entre 250 y 400 euros.
Por último, Facua ha instado al
Ministerio de Fomento a que abra también expediente a Ryanair por las
"numerosas irregularidades que está cometiendo para no pagar lo que
corresponde", y señala intentos por parte de la compañía de despistar a
los usuarios ocultándoles información sobre sus derechos o "dándoles una
información tergiversada con la intención de que los usuarios no
reclamen".
Según Publica: Europa Press
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