Noticias destacadas Por qué es importante la unión bancaria en el euro y cómo funcionará

El mecanismo común de resolución de bancos con problemas es el pilar de la unión bancaria que queda pendiente de aprobar, a falta de pocos meses para el fin de la legislatura europea en la que se quería dejar completada esa unión. El objetivo de la unión es que la  vigilancia del sector financiero y la resolución de eventuales crisis bancarias sea homogénea en todos los países miembros, reparando parte del pecado original del euro.

 

Así, después de meses de negociaciones, primero, para poner de acuerdo a los Estados miembros en un modelo de resolución y, después, para pactar ese diseño logrado en el Ecofin con el Parlamento Europeo, parece haberse logrado un preacuerdo entre ambas instituciones. En la madrugada del 20 de marzo -el día límite para garantizar que el documento llegara a tiempo al último plenario de la Eurocámara-, se anunció un compromiso provisional que acelera la constitución del fondo europeo de liquidación y su mutualización, al tiempo que se limita mucho el papel de los Gobiernos en la decisión de cerrar una entidad.

 

Sin embargo, el acuerdo no podrá darse por hecho hasta que lo ratifiquen el Consejo de la UE y el pleno del Parlamento Europeo, cuya última sesión será en la semana del 14 de abril.

 

El objetivo de poner en común procesos y órganos de decisión en este campo es ayudar a evitar la fragmentación del sistema bancario de la eurozona, que provoca -por ejemplo- que empresas y particulares que utilizan la misma moneda tengan diferentes costes de financiación dependiendo del país en el que residan. Es decir, que sus características (negocio, deuda, riesgos...) no influyan en lo que les cuesta financiarse, sino que se vean penalizados por el riesgo que el mercado aprecia en la banca o en las cuentas públicas de ese país.

 

También se trata de diseñar una arquitectura comunitaria que complete a la moneda única y evitar que se repita lo sucedido en Grecia, Irlanda y Chipre, donde los problemas de la banca arrastraron a los Estados -obligados a pedir rescates financieros externos para evitar la suspensión de pagos- y, al compartir divisa, pusieron en peligro a toda la zona euro.

 

Las reticencias de los Gobiernos a perder poder de decisión y a que sus bancos o contribuyentes paguen las quiebras de otros han llevado a que la estructura final diluya las intenciones expresadas por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el BCE de conseguir organismos y procedimientos universales para la zona euro.

 

Así, solo se aplicarán directamente en las 128 mayores entidades de crédito de los 18 países que integrarán el euro a partir de 2014 y en otras 200 que operan de forma transfronteriza. Por tanto, en el resto de las 6.000 entidades de la eurozona seguirán actuando de forma relativamente autónoma las autoridades nacionales.

 

A falta de concretar numerosos flecos y de que la estructura de resolución de entidades sea aprobada por el Parlamento Europeo -una negociación que se presenta muy complicada-, los tres pilares de la unión bancaria funcionarían de la siguiente forma cuando todo entre en vigor.

 

El primer pilar: una supervisión bancaria común guiada por el BCE

 

La vigilancia y control homogéneos de los bancos de la zona euro se ha planteado desde el principio como el primer paso de la unión bancaria que debe reparar algunos fallos de creación del euro: al compartir moneda, hay que resolver de forma conjunta crisis de entidades y aportar fondos, y para eso, primero hay que saber cuál es la salud de esos bancos, cómo operan y el riesgo que asumen.

 

Con ese fin ya se ha aprobado definitivamente el mecanismo común de supervisión, construido en torno al Banco Central Europeo (BCE). Así, se ha creado una autoridad común de supervisión formada por un representante del supervisor bancario nacional de cada Estado de la eurozona, cuatro miembros del BCE, un vicepresidente y un presidente, que estará integrado en el órgano director del BCE.

 

Ese consejo supervisor se encargará de vigilar directamente a los 128 mayores bancos de la eurozona, otras 200 entidades transfronterizas y las grandes de aquellos países de fuera de la divisa única que quieran unirse al sistema.

 

Tal y como deseaba Alemania para excluir a sus cajas regionales del control común, el resto de entidades seguirá bajo supervisión de las autoridades nacionales, en el caso de España, del Banco de España. Ellas también seguirán al cargo de la protección del consumidor en aspectos financieros, la lucha contra el blanqueo de dinero, así como de la vigilancia de los servicios de pago -tarjetas, cheques, etc- y de las sucursales de entidades de países de fuera de la UE.

 

Aunque las autoridades supervisoras nacionales mantendrán la vigilancia sobre las entidades más pequeñas, el BCE podrá intervenir en cualquiera de ellas si aprecia que tienen problemas o si lo solicita uno de los Estados miembros. También el fondo de rescate permanente (MEDE) podrá pedir esa supervisión directa del BCE sobre una entidad concreta si lo deciden por unanimidad todos sus miembros, es decir, todos los países del euro. Además, fuentes comunitarias insisten en destacar que el BCE marcará en todo momento la forma de actuar de los supervisores nacionales.

 

Así, este nuevo órgano tratará de evitar irregularidades en los bancos y, cuando detecte problemas en alguno de ellos, avisará a la autoridad común de resolución, con lo que se pasará a la segunda pata de la unión bancaria.

Según el acuerdo del Ecofin, habrá un consejo de resolución que diseñará un plan para afrontar las dificultades de las entidades sobre las que reciba aviso del BCE o las que considere en problemas "por su propia iniciativa". Sin embargo, esa iniciativa correspondería a la Comisión Europea, según el compromiso logrado el 20 de marzo con el Parlamento Europeo.

 

Ese esquema determinará cómo usar las distintas herramientas a su disposición para reestructurar la entidad, sanearla o, en el peor de los casos liquidarla, así como si necesitará recurrir al fondo común de resolución.

 

Ese plan de resolución sería similar a los aplicados en los bancos españoles que han necesitado recurrir al rescate bancario. Así, se podrán vender activos, recurrir a captaciones de capital en los mercados, aplicar pérdidas a accionistas y poseedores de deuda subordinada o preferentes, y -a diferencia de lo ocurrido en el caso español- a los tenedores de deuda principal. Según recoge la futura norma europea, también podrá recurrirse en casos concretos a quitas en algunos depósitos superiores a 100.000 euros.

 

Si se sigue necesitando capital para cubrir agujeros, se podrá recurrir a ayudas públicas nacionales y, finalmente, al futuro fondo común de resolución. Solo en casos excepcionales se podría llegar a pedir ayuda al fondo de rescate europeo (MEDE), con lo que se intenta evitar que las reestructuraciones y quiebras bancarias las paguen los contribuyentes europeos.

Una autoridad de resolución con muchos brazos

 

El consejo de resolución marcaría el paso: dónde pasar de un instrumento a otro y en qué momento recurrir a ayudas nacionales o europeas. Para ello, tendrá dos formatos: uno ejecutivo (con un director, cuatro miembros independientes y un representante de cada país afectado por la resolución de esa entidad concreta), que preparará los borradores de las decisiones, y otro plenario, que sumará a los anteriores componentes un representante de cada autoridad nacional de resolución, en el caso español, el FROB.

 

Según el pacto del Ecofin, ese pleno aprobaría todas las decisiones que necesiten más de un 20% del fondo de resolución, las recapitalizaciones de entidades que supongan más del 10% de esa bolsa común o todos los recursos al fondo cuando éste ya haya desembolsado 5.000 millones en ese mismo año natural. Sin embargo, el papel de este organismo ampliado se habría limitado mucho en el compromiso con la Eurocámara -muy insistente en evitar "interferencias políticas"-, dando mayor papel al órgano ejecutivo. Según informó entonces el Parlamento, la intervención del Ecofin dependerá de que lo pida la Comisión Europea.

 

Un punto llamativo es cómo se votará en ese plenario, ya que el Ecofin planteó que para sacar adelante una medida deberán respaldarla dos tercios de los países miembros y que ellos sumen, como mínimo, el 50% de las aportaciones al fondo común de resolución. Cada país aportará al fondo según el tamaño de su banca, y se pretende que eso permita introducir una ponderación de votos que no está presente en el propio BCE, donde cada país -independientemente de su importancia y tamaño- tiene un solo voto.

 

Todo este complicado engranaje ha llevado al presidente del BCE, Mario Draghi, ha recordar que este mecanismo deberá actuar en situaciones de emergencia, por lo que "si es muy farragoso, no funcionará" porque las decisiones no serán rápidas.

Un fondo común de resolución con compartimentos nacionales

 

A esas complicaciones se añaden las de la creación de un fondo común de resolución, financiado por el sector financiero y al que se recurrirá para financiar parte de los saneamientos o liquidaciones bancarias. Con él se pretende reducir a la mínima expresión la participación del fondo de rescate europeo.

 

Ese fondo común se creará con aportaciones anuales de los bancos de cada país miembro. Cuando empiece a formarse en 2016, estará dividido en compartimentos nacionales que, en los primeros años, correrán con la mayor parte del coste de las reestructuraciones de sus respectivos países.

 

El Ecofin quería crearlo a lo largo de los diez años (2016-2026) y que, según fuera creciendo el capital del fondo, esos compartimentos nacionales fueran mutualizándose poco a poco, con lo que las inyecciones en los bancos se financiarán cada vez con menos parte nacional y más común. Eso hasta llegar a 2026, cuando se supone que ya habrá un fondo común real que asumirá todas las ayudas.

 

Sin embargo, las fuertes presiones del Parlamento Europeo consiguieron reducir a 8 años el plazo de constitución del fondo y que la mutualización del fondo sea del 40% del dinero aportado el primer año y alcance el 60% de lo acumulado antes del tercer año.

 

Durante el proceso de transición, se quiere establecer una red de seguridad o cortafuegos que evite la insuficiencia de fondos para resolución. Así, si un compartimento nacional y la parte disponible del fondo común en ese momento no son suficientes, habrá una financiación-puente. Sin embargo, no se ha especificado cómo funcionará esa red de seguridad.

 

El Ecofin sugería que podría permitirse al fondo común de resolución emitir deuda en el mercado (no se especifica si esa deuda estaría avalada por los Estados o por un organismo común) o incluso recabar nuevas aportaciones de los bancos para lograr la cantidad requerida. El 20 de marzo, los eurodiputados ya especificaron que el fondo no dispondra de avales públicos.

 

A partir de 2024, cuando el fondo común ya sea una realidad, se pretende haber definido también un cortafuegos común que lo respalde.

Pendiente de una compleja negociación

 

Este pilar es el menos avanzado en su trámite de aprobación europeo. El Parlamento Europeo sí ha dado el visto bueno a una parte de la legislación: la directiva que fija qué decisiones pueden tomarse para evitar una crisis bancaria y, si llega a producirse, qué pasos seguir para sanearla, reestructurarla y, en el peor de los casos, liquidarla.

 

Sin embargo, falta aprobar todo lo pactado en marzo entre Estados y Eurocámara, es decir: cómo será la autoridad común de resolución y cómo funcionará, así como la fórmula de creación del fondo común de resolución y la red de seguridad que lo apoyará.

 

Se pretende sacar adelante esta pieza antes de que cambie el Parlamento Europeo, antes de las elecciones del próximo mayo, por lo que es una de las prioridades de la Presidencia griega que comenzó el pasado 1 de enero.

 

 

 

Tercer pilar: una red de fondos nacionales para garantizar depósitos

 

La tercera columna que sustentará la unión bancaria es la que garantizará los depósitos inferiores a 100.000 euros, que serán los únicos que no sufrirán pérdidas al cerrar agujeros en un proceso de saneamiento.

 

En esta parte también se han desinflado las expectativas, ya que no habrá un fondo común de garantía de depósitos por la oposición de los países más ricos -encabezados por Alemania-, sino una red de fondos nacionales con un funcionamiento más o menos homogéneo.

 

Para este punto, los Veintiocho y el Parlamento Europeo ya han pactado la directiva correspondiente, que permitirá utilizar los fondos de garantía de depósitos de cada país para las intervenciones tempranas, es decir, lo que se hizo en España con la Caja del Mediterráneo (CAM) o Caja Castilla-La Mancha.

 

Así, cada fondo nacional -en el caso de España, el Fondo de Garantía de Depósitos- tiene que tener recursos equivalentes al 0,8% de los depósitos inferiores a 100.000 euros del país en un plazo de diez años, lo que debería permitir a los pequeños depositantes de una entidad quebrada recibir su dinero en el plazo de siete días laborables.

 

Si la Comisión Europea lo autoriza, ese porcentaje podría reducirse al 0,5% cuando se trate de países con "sectores bancarios concentrados", es decir, cuando los activos bancarios estén concentrados en manos de pocos bancos.

 

Los bancos de cada Estado tendrán que hacer sus aportaciones de acuerdo a su perfil de riesgo, por lo que aquellos que asuman más actividades de riesgo tendrán que contribuir más. Además, el 70% de los pagos al fondo nacional por parte de la banca tendrá que hacerse en efectivo y el 30% de su contribución podrá ser en avales u otro tipo de activos que se consideren aceptables.