Internacional » Para entender la revolución financiera del papa Francisco
Su iniciativa de crear una
"super-secretaría" de Economía es la medida más drástica tomada hasta
ahora para avanzar en el objetivo de transparentar una administración hasta
ahora dispersa y opaca
En su condición de Sumo
Pontífice, Jorge Bergoglio preside en realidad dos entidades paralelas y
distintas: por un lado, el mini Estado de la Ciudad de Vaticano, del cual es
Jefe de Estado, con su gobernación y apenas unos 500 ciudadanos vaticanos; y,
por el otro lado, la Santa Sede, un organismo mucho más amplio y complejo que
el anterior y que pastorea a mil millones de fieles en el mundo: una suerte de
ONG, pero con personería jurídica internacional, con un gobierno que es la
Curia (organizada en dicasterios, consejos y congregaciones) y un Primer
Ministro (el Secretario de Estado, cargo que hoy ocupa monseñor Pietro
Parolin).
"En el plano internacional,
el actor principal es la Santa Sede, antes que el Vaticano", explica
Jean-Luc Pouthier, presidente del Centro de Estudios del Hecho Religioso
Contemporáneo (Cefrelco, por sus siglas en francés), entrevistado por la
revista Challenges. Pero, agrega el especialista, es el Vaticano el que en
ocasiones ha jugado o ha sido sospechado de jugar "el rol de paraíso
fiscal pese a ser la entidad más pequeña".
A partir de ahora, la Secretaría
de Economía creada por Francisco –en los hechos, un ministerio- tendrá
autoridad tanto sobre los asuntos económicos de la Santa Sede como sobre los
del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Actualmente, en el interior de
estos dos ámbitos, existen organismos que gozan de autonomía de gestión, como
por ejemplo la Congregación de Propaganda Fide o el propio Banco Vaticano
(llamado en realidad Instituto para las Obras de la Religión, IOR), creado en
el origen para administrar la indemnización otorgada por Italia al Vaticano en
1929, una suma destinada a indemnizar a la Iglesia por la desaparición de los
Estados Pontificios en 1870, al momento de concretarse al fin la unidad
italiana.
La nueva superestructura creada
por el papa Francisco deberá administrar y controlar todas esas instancias con
la finalidad de transparentar la gestión y ponerla en línea con los criterios
del Consejo de Europa. Esto implicará, entre otras cosas, que el Banco de Italia
podría acceder a información financiera del Vaticano, incluyendo nombres de
titulares de cuentas, algo hasta ahora resistido por muchos en el seno de la
Curia.
El "ministerio"
vaticano no tendrá obviamente una economía productiva que administrar, sino flujos
de dinero que no pasan por los grandes organismos financieros internacionales,
dado que los fondos que ingresan a la Santa Sede provienen de donaciones y
colectas en las parroquias del mundo entero, mediante mecanismos dispersos y
variados, en algunos casos cercanos a lo artesanal.
Ingresos y gastos
En el caso del Estado vaticano,
los recursos de que dispone se originan en buena medida en el turismo -entradas
a los museos y a la Basílica San Pedro, venta de estampillas y depósitos del
IOR. Su gasto lo conforman el mantenimiento edilicio y los sueldos del
personal. Su presupuesto está equilibrado.
En el caso de la Santa Sede, lo
esencial de sus ingresos proviene de las donaciones de las Iglesias locales, es
decir, flujos irregulares y difíciles de medir. Los gastos derivan del
funcionamiento de la Curia y de los viajes pontificios, pero también tiene
erogaciones fuera de Roma: fundamentalmente, las embajadas (nunciaturas) de la
Santa Sede en todos los países del mundo y el apoyo a las Iglesias locales.
El presupuesto de Vaticano era de
245 millones de dólares en 2011. Pero el tesoro de la Iglesia se eleva a varios
miles de millones de dólares.
Quién es el Cardenal Pell
El elegido por Francisco para
desempañar el rol de Secretario de Estado para asuntos financieros (el nombre
es Prefecto de la Secretaría de Economía) es el cardenal australiano George
Pell, un hombre que no pertenece a ningún círculo de la Curia vaticana. Tampoco
es un tradicionalista, sino que tiene un perfil de católico social, afín al de
Bergoglio.
Su misión será la de administrar
los fondos del Estado vaticano y de la Santa Sede, reportando directamente al
Papa, y con el auxilio de un Consejo de Economía, de 15 miembros, de los cuales
8 serán cardenales u obispos y 7, laicos expertos en finanzas.
La designación de Pell es también
un claro signo de la des-italianización de la Curia romana. Algo que también se
reflejó en las designaciones de los nuevos cardenales. El consistorio del
sábado pasado es histórico porque marca el fin de una época: si la elección de
un nuevo Papa debiera tener lugar mañana, los cardenales surgidos de la vieja
Europa no tendrían mayoría en una votación.
Pero a eso se suma un cambio de
tono. "Francisco explicó con gran vigor a los nuevos cardenales, pero el
mensaje era para todos, que no entraban a una corte, con ventajas, riquezas y
derechos adquiridos... Hacía mucho tiempo que un pontífice no se dirigía con
semejante firmeza lapidaria al conjunto de sus cardenales", dijo el
escritor Nicolas Diat, autor de una biografía de Benedicto XVI, a Atlantico.fr.
Con esta reforma, Francisco
reafirma su voluntad de poner realmente en marcha una organización más
eficiente y transparente de las finanzas vaticanas. Pero todavía queda un
camino por recorrer que no está libre de obstáculos.
Baste recordar que este camino
que hoy emprende el Papa argentino, lo tomó también en su momento Benedicto
XVI. Una víctima de las resistencias que estas medidas generaron dentro de la
Curia romana fue el banquero Ettore Gotti Tedeschi, un prestigioso economista a
quien Joseph Ratzinger designó al frente del IOR con la misión de poner a esa
institución en línea con las normas internacionales en materia financiera. Pero
el hombre fue expulsado con escándalo de la institución, quedando abortada la
reforma emprendida.
Por lo tanto, el desafío de la
adaptación de una institución con tanta tradición e historia –acostumbrada a
regirse con sus propias reglas y leyes internas- a los nuevos tiempos, sin
perder al mismo tiempo su esencia y misión, sigue en pie.
Pero al Papa parece no temblarle
la mano. A las reprimendas a los cardenales, se suma el ajuste presupuestario
que congeló vacantes y suprimió horas extra, y ahora la reforma financiera.
Ahorro, transparencia,
planificación, simplificación, son los objetivos buscados, pero también poner
fin a los escándalos financieros y al estado de sospecha constante sobre el
banco vaticano. Las acusaciones de blanqueo de dinero afectaron fuertemente la
imagen de la Santa Sede.
Con esta finalidad, el Papa
dispondrá desde ahora de una herramienta más eficiente, centralizada, un
aparato único que estará en condiciones de preparar un presupuesto anual,
asegurar una planificación financiera, con sus correspondientes balances.
Nobleza obliga, hay que reconocer
que Benedicto XVI abrió el camino, no sólo por las iniciativas que tomó –muchas
de las cuales fueron frenadas por su entorno-, sino porque su salida anticipada
abrió la vía para una oxigenación política en la cúpula.
La "fuerza temible" del
Papa argentino
Desde el comienzo de su
pontificado, Francisco la emprendió contra la descoordinación y la opacidad de
las finanzas vaticanas.
En primer lugar, para sortear
eventuales obstáculos a su reforma, apeló al mecanismo de crear comisiones que
le responden directamente. Así, luego de la Comisión de 8 cardenales para
reformar a Curia, creó otra, para el rediseño financiero de la Santa Sede.
El 8 de agosto de 2013, firmó un
motu proprio (decreto papal) para la creación de un Comité de seguridad
financiera "a fin de coordinar las autoridades competentes de la Santa
Sede y del Estado de la Ciudad de Vaticano en materia de lucha contra el
blanqueo de dinero".
En octubre de 2013, el diario
italiano Corriere della Sera reveló que el IOR había ordenado el cierre de 900
cuentas –sobre un total de 19.000- por presunción de blanqueo de dinero, como
resultado de una verificación iniciada ya en 2012.
Finalmente, el 8 de octubre de
2013, el Vaticano promulgó una ley sobre transparencia, vigilancia e
información financiera, estableciendo normas especialmente severas en materia
de lucha contra el reciclado de fondos y financiamiento del terrorismo.
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