El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual
La reforma permitirá que los agregadores utilicen fragmentos
no significativos de contenidos generados por los periódicos siempre que, a
cambio, satisfagan la correspondiente compensación equitativa
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
y el ministro de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert, durante la
rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros
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digital
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Ya está aquí. La polémica modificación de la Ley de
Propiedad Intelectual ha sido presentada hoy, por la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,
Wert ha explicado que se trata de una reforma parcial del texto vigente que
pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar la transición
digital de las industrias culturales y creativas. El Consejo de Ministros dio
luz verde hace once meses al anteproyecto de Ley, para su debate entre los
sectores afectados.
Tal y como adelantaba Pedro Vallín en este diario, la
reforma tiene tres frentes: poner freno a la vulneración de derechos facilitada
por las redes digitales, regular el funcionamiento de las entidades de gestión
de derechos tras el escándalo de la SGAE (aún pendiente de resolución judicial)
y modificar y adecuar al medio digital el concepto de copia privada y su
compensación (afectada por el llamado caso Padawan).
Una de las novedades más importantes es la creación de una
ventanilla única para el pago por parte de los usuarios. Una ventanilla
gestionada por una entidad de carácter privado en la que tendrán que participar
todas las entidades y que unificará el sistema. También se adapta el límite de
la reseña de los agregadores de contenidos o buscadores de Internet.
La modificación persigue, según el ministro, el mayor
control de las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual; un
refuerzo de la Comisión de Propiedad Intelectual para la lucha contra la
piratería y una revisión de la copia privada (sin uso comercial de CDs y DVDs).
"Se da respuesta con esta modificación parcial a alguno
de los problemas más urgentes en la regulación de la propiedad
intelectual", sostiene Soraya Sáenz de Santamaría, quien también ha
anunciado que se reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores
de noticias de ser compensados económicamente por la explotación en
determinadas circunstancias de sus contenidos.
Preguntado por si buscadores como Google tendrá que pagar
por enlazar contenido, Wert, aunque no ha detallado cómo, insiste en que los
editores tendrán derecho a cobrar por ello gracias a una ley que ha definido
como "pionera".
Una "fuente de conflicto"
El presidente de la mayoritaria asociación de Productores de
Música de España (Promusicae), Antonio Guisasola, en declaraciones a EFE, ha
calificado la nueva regulación en torno al concepto legal de copia privada que
introduce la Ley de Propiedad Intelectual aprobada hoy por el Gobierno como una
posible "fuente de conflictos".
"Se reducen muchas conductas que estaban admitidas
socialmente y que ahora se convierten en actividades ilegales", ha dicho
Guisasola, que ha añadido que se establece "un sistema muy alambicado y un
poco empobrecedor" y que el Consejo de Estado ya advirtió al Gobierno que
podría ser incluso contrario al derecho comunitario.
En cuanto a la exigencia de mayores controles en torno al
funcionamiento de las entidades de gestión de derechos colectivos, ha señalado
que la búsqueda de transparencia "es bienvenida", pero ha mostrado su
"rechazo frontal" a lo que considera "un planteamiento
intervencionista en derechos que son privados".
El papel de la prensa
Por su parte, el presidente de la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE), Luis Enríquez, ha mostrado hoy su satisfacción por la
modificación de la LPI, que ha calificado como "el paso más importante que
ha dado un Gobierno en España para la protección de la prensa".
El proyecto, aprobado en el Consejo de Ministros, permitirá
que los agregadores utilicen fragmentos no significativos de contenidos
generados por los periódicos siempre que, a cambio, satisfagan la
correspondiente compensación equitativa. Ésta ha sido una "histórica
reivindicación" de la AEDE, que ha trabajado para lograr un marco jurídico
"estable" donde los socios pudieran desarrollar su actividad.
"Los editores no buscamos ayudas directas sino un marco
jurídico que reconozca el valor de nuestros contenidos frente a los abusos
cometidos, y nos permita desarrollar nuestra función con garantías", ha
agregado.
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