ESPECIAL NOTICIA DE CASTILLA LA MANCHA : La clara apuesta del gobierno de Castilla-La Mancha es desmantelar la agricultura y ganadería regional

 

El gobierno regional ha de devolver 700.000.000 de euros a Bruselas por no haberse gastado en el período de vigencia del Programa de Desarrollo Rural.

Asimismo, desvía 500.000.000 de euros al mantenimiento de la empresa privada GEACAM, con dinero del PDR, que también corresponde a los agricultores y ganaderos.

El gobierno de Emiliano García-Page ha prohibido, en los dos últimos años, el uso de maquinaria agrícola en plena faena de recolección, especialmente las cosechadoras.

Ha aprobado una ley que le permite incautar las tierras a sus propietarios.

Ha habido un recorte de 500 millones de euros, dado que Bruselas ha considerado que «no ha sido necesario» emplearlos en la región.

Ha expulsado casi 3.000 agricultores ecológicos en el año 2016, y recortado las primas un 70%.

En estos 8 años de gobierno, se ha pasado de existir 26.000 profesionales del sector agropecuario a que en la actualidad tan solo sean 17.000.

El gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado un total desinterés durante estos años por el sector agropecuario según afirman desde la Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Lo ha maltratado, y ha permitido que se pierdan fondos, como ejemplo los 700.000.000 de euros que se han de devolver a Bruselas por no haberlos gastado en el período de vigencia del Programa de Desarrollo Rural.

Este dinero devuelto con fines de desarrollo rural tiene origen en la PAC. De ella se detrajo el importe para el desarrollo rural, que conforma el segundo pilar de la PAC, con la intención de utilizarlo en necesidades especiales del sector agrícola y ganadero, es decir, es un dinero de los agricultores que se quita a los mismos, para destinarlo a ellos mismos cuando tienen circunstancias especiales o excepcionales.

¿Qué más ha hecho este gobierno? Desviar 500.000.000 de euros con dinero del desarrollo rural, con dinero del PDR, al mantenimiento de la empresa privada GEACAM. Dicho presupuesto de desarrollo rural corresponde a los agricultores y ganaderos, por lo que podría decirse que se roba para dárselo al rico, quitándoselo al pobre.

Circunstancias especiales en la agricultura son, por ejemplo, una plaga de conejos que asola la región sin haber hecho nada la administración para solucionar el problema. O una catástrofe climática como la Filomena, para la que se dotó con fondos insuficientes para paliar los daños por ella causada.

No contento con esto, el gobierno de Emiliano García-Page ha prohibido, en los dos últimos años, el uso de maquinaria agrícola en plena faena de recolección, especialmente las cosechadoras, causando un enorme perjuicio, pues interrumpe las siegas en los momentos de máxima actividad.

Para rematar su ya de por si nefasta actuación, ha aprobado una ley que le permite incautar sin justificación alguna las tierras a sus propietarios.

Aún más, la nefasta consecuencia de la devolución de los 700 millones de euros a Bruselas es que, en el Programa de Desarrollo rural, el llamado PDR, que ha entrado en vigor ahora, ha habido un recorte de 500 millones de euros, dado que Bruselas ha considerado que «no ha sido necesario» gastar el dinero presupuestado en el anterior periodo, y por tanto la dotación económica del actual debe ser disminuida.

Un escándalo del agua que le ha estallado en fechas recientes, y del que parece ser continuador, desviado fondos otra vez de agricultores a fines distintos a los que deberían haber ido destinados.

La expulsión de casi 3.000 agricultores ecológicos en el año 2016, y el recorte de las primas en un 70%, cuando a pesar de los anuncios que pueda tener el consejero de Agricultura se han devuelto a Bruselas 700.000.000 de euros, y todo por no cofinanciar la parte a la que está obligada la comunidad Autónoma.

Todo esto le convierte en un gobernante incapacitado para regir una región en la que el sector primario tiene un elevado peso, siendo la base fundamental de la economía autonómica.

El reflejo en los datos es palpable y notorio, en estos 8 años se ha pasado de existir 26.000 profesionales del sector agropecuario a que en la actualidad tan solo sean 17.000, y de 120.000 perceptores de PAC, se haya disminuido a 100.000.

Según publica:unionclm.org