Iberia: empleados y usuarios planean denuncias penales
La Asociación de Afectados por el Desmantelamiento de Iberia
(AADIB), creada en diciembre de 2012, ha conseguido ya 1.500 afiliados entre
trabajadores, familiares de empleados, jubilados, accionistas y ciudadanos
preocupados por la situación de la compañía aérea. Su finalidad es reunir
pruebas y denunciar a la dirección ejecutiva de Iberia por la vía civil,
contencioso-administrativa y penal por las responsabilidades que les adjudican
en la deriva de Iberia, de la que también culpan en parte al Gobierno actual y
a los anteriores.
Javier Antón Burgos, profesor de la UCM, analista en
transporte aéreo y ex empleado de Iberia, convertido en vicepresidente de la
AADIB, ha explicado a preferente.com que cada socio paga 50 euros de cuota
única y que el objetivo inmediato es “conseguir una masa social de 2.000
personas para, con ese dinero, pagar un informe pericial encargado a la
consultora financiera LF Castañeda EAFI”. Otro propósito de la organización es
difundir la realidad de Iberia a través de conferencias, reuniones, estudios y
otras manifestaciones públicas.
Los impulsores de la AADIB pretenden que el informe pericial
“comprensivo de la situación de Iberia e IAG” sea el fundamento legal para que,
posteriormente, el bufete Moreno-Luque Abogados disponga las acciones
judiciales a interponer. Burgos cree que el documento puede estar finalizado en
el plazo de uno o dos meses, tras lo cual se pasaría a la fase de demanda y
denuncia.
Los integrantes de la nueva entidad cívica están de acuerdo
en señalar a British Airways como el único beneficiado de la fusión en el
holding IAG, violando las salvaguardas firmadas hasta 2016. “British está
forzando prácticas fraudulentas con figura penal”, asegura el profesor, que ha
señalado como posibles delitos el “desvío de flujos de caja de Iberia a British
Airways para su fondo de pensiones, que el equipo directivo ejecutivo siga las
órdenes de Londres en beneficio de IAG, que se firmara la compra del Brent para
aviación a 140 dólares, cuando su coste ronda entre 65 y 70, el fichaje de un
destructor de empresas como jefe Comercial, la firma de un convenio de British
Airways con la Royal Air Force para la formación de pilotos, las prácticas
comerciales, los precios…”.
La asociación considera también responsable al Gobierno,
“independientemente de su color político”, pues con su 2’5% de participación a
través de la Sepi y el 12% de la nacionalizada Bankia en IAG es un “inversor
estratégico”. Ante ello, y ante el peso de Iberia en el mercado laboral español
y en el sector turístico, que genera el 12% del PIB, Javier Antón Burgos se
pregunta: “¿Por qué Pastor no hace nada?”.
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