Bruselas, inquieta ante una posible controversia por la adenda española

FONDOS U.E.

Al haber margen hasta septiembre para remitir el documento para pedir 94.000 millones de fondos, la Comisión preferiría esperar a las urnas y evitar problemas si hubiera un cambio de Gobierno





La inesperada disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio va a tener consecuencias directas para muchas iniciativas legislativas que esperaban tramitación en el Congreso, pero tiene también una derivada de enorme importancia para la economía española: los Fondos Europeos. El Gobierno lleva meses perfilando lo que se conoce como la adenda al Plan de Recuperación, un documento que debe remitir a Bruselas para poder acceder a casi 95.000 millones de euros de los Fondos Next Generation, y que incluye un nuevo grupo de reformas, hitos e inversiones. El problema es que siendo la cuantía tan grande, y comprometiendo al país durante años a diferentes esfuerzos, quizás no deba ser un Gobierno cuya continuidad está seriamente en entredicho el que la presente.

La vicepresidenta Nadia Calviño y los equipos de Hacienda tienen casi listo el documento y llevan semanas diciendo que la presentación era inminente. Fuentes del Ministerio indican que el plan sigue siendo presentarlo pronto. Es un trámite necesario, obligatorio y que tiene fecha límite. Sin embargo, ésta es el 31 de agosto y las fuentes consultadas, tanto en Madrid como en Bruselas, admiten que la situación es delicada. Legalmente el Gobierno podría enviarla mañana mismo, pues le faltan retoques mínimos, pero políticamente y estratégicamente es cuestionable cuando quedan poco más de 50 días para las próximas elecciones. Y cuando hay margen suficiente para esperar.

Cuando la UE creó los Fondos Next Generation, 800.000 millones financiados con endeudamiento común, asignó una cuantía aproximada a cada país, en función de su tamaño, sus necesidades y el impacto de la pandemia en sus economías. A España le correspondieron unos 140.000 millones, aproximadamente la mitad en transferencias que no computan para deuda y déficit, y otros tantos en créditos a bajo interés. En su momento, cuando España envió el Plan de Recuperación exigido a Bruselas, con cientos de reformas, hitos e inversiones a realizar a cambio del dinero para transformar la economía, sólo pidió las transferencias. Pero desde entonces ha habido tres cambios.

El primero, que por la propia metodología del fondo de recuperación se hizo una revisión con los datos finales del PIB y como el español había sufrido más de lo esperado, la UE nos asignó 7.700 millones adicionales en transferencias que no computan. Además, tras la crisis energética, se decidió que se pudieran usar más fondos en el marco del Plan RePowerEU, que dio a España 2.586 millones extra. Y por último, el Gobierno, viendo que la subida de los tipos de interés ha encarecido algo más el precio en los mercados, ha optado por pedir también los créditos asignados, un máximo de 84.000 millones de euros.

Para poder optar a esos 94.286 millones, España tiene que presentar esa adenda y negociar los detalles exactos con la Comisión Europea. Algo que se está haciendo sin problemas. Nuestro país está a la vanguardia en todo este proceso, siendo el único que ha recibido ya tres desembolsos completos y que espera el cuarto. Pero estas elecciones han creado un problema y generado una duda grande en Bruselas que no quiere que con España se le repita el problema que ya tiene con Italia.


EL PROBLEMA CON ITALIA

Hace unas semanas, la Comisión Europea tuvo que dar un tiempo extra excepcional a Italia para que completara una serie de medidas tras constatar que no había hecho lo pactado en su tercer desembolso. Roma pidió el dinero y le dijeron que con lo hecho no era suficiente en una serie de cuestiones. Esa parte se está ahora ultimando, pero ha salido un cisne negro inesperado. El Gobierno de Giorgia Meloni se queja de la "herencia recibida". Dice que el Plan de Recuperación de Italia no es el suyo, sino de Draghi. Dice que no les gusta, no es realista y quieren modificarlo de forma sensible. Saben que la economía italiana, la que más fondos tiene asignados y que además pidió desde el primer día los préstamos, no puede absorberlos todos antes de 2026. Así que quiere aprovechar la presentación de su adenda (todos los países tienen que enviar una por la modificación energética) para modificar en profundidad el Plan original, sacando reformas e inversiones e hitos fijados ahí para financiaros con los Fondos de Cohesión, que tienen fechas de ejecución más relajadas.

Bruselas no quiere que lo mismo pase con España si el 23 de julio el Partido Popular gana las elecciones, llega al poder y se encuentra una adenda que podía haber esperado. "Un nuevo Gobierno tiene derecho a sus prioridades y preferencias. Si va a estar cuatro años sería un error no esperar", apuntan.



Fuentes comunitarias explican que la fecha del 31 de agosto está, pero que la flexibilidad también. Lo técnico se ajusta a lo político y hay cláusulas para ello. En última instancia, si hubiera cambio de Gobierno de forma muy veloz, España podría remitir antes de finales de agosto su documentación preliminar y luego trabajarlo con más margen, ya que va muchísimo más adelantada que el resto de países continentales. Si no fuera así, no se perdería nada por aguantar un poco.

De hecho, la reforma de las reglas fiscales que se está discutiendo ahora mismo en la Unión contempla precisamente que las sendas de ajuste para las economías que tengan déficits altos se tenga cierta sensibilidad política y flexibilidad temporal cuando hay elecciones y cambios de Gobierno. Por lo que, según las fuentes citadas, "tendría poco sentido" hacerlo ahora cuando no se hizo antes de las elecciones. Si el PSOE volviera a ganar el proceso sería muy rápido, por lo que no se perdería gran cosa por retrasarlo unas semanas. Y para la Comisión, que ha tenido varios roces con el Partido Popular recientemente, no tendría lógica recibir ahora la adenda, trabajar de urgencia en dos meses máximo para dar una respuesta, y que luego haya problemas con el nuevo Gobierno por ello, que puede tener ideas muy diferentes en materia laboral, de pensiones o sobre todo fiscal. "Políticamente sería una barbaridad y esta Comisión siempre presume de ser más política. No creo que Gentiloni lo recomiende", apuntan en el edificio Berlaymont.



 


Segun Publica:elmundo.es

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